El Gobierno foral adaptará las retribuciones y jornadas de las policías antes de octubre de 2016 (fuente Noticias de Navarra)

La norma tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2016, pero su abono se hará en 2017

El Gobierno foral adaptará las retribuciones y el régimen de las jornadas de los funcionarios de los cuerpos de Policía de Navarra a los contenidos recogidos en la Ley de Policías con fecha 1 de octubre de 2016. No obstante, la norma tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2016, si bien el pago se hará efectivo con cargo a los presupuestos de 2017.

Todo este baile de fechas fue acordado ayer en el pleno del Parlamento, donde se aprobó una enmienda al proyecto de ley foral que modifica la ley de Policías, suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

 

En el debate por puntos de la enmienda, UPN y PP votaron en contra, mientras que el PSN se opuso a la ampliación del plazo, avaló el efecto retroactivo y se abstuvo en el traslado de su abono a 2017. El texto definitivo se aprobó con la abstención del PSN y el rechazo de UPN y PP.

La consejera de Presidencia, Justicia y Función Pública, María José Beaumont, argumentó que el Gobierno se ha visto obligado a presentar un proyecto de ley foral de modificación de la ley de Policías porque era preciso realizar un estudio previo sobre los diferentes puestos de trabajo.

Precisó que todo esto, unido a los trámites preceptivos como consultas a representantes sindicales y diferentes organismos, imposibilitan la aplicación a partir del 1 de enero de 2016 como estaba previsto. “Razones de preceptividad legal impiden el cumplimiento”, afirmó al respecto.

El Gobierno “se obliga a aprobar un texto en condiciones de seguridad jurídica y legalidad”, añadió Beaumont, quien aseguró que cumplirán la ley “con rigor”.

El portavoz de Geroa Bai Patxi Leuza, que cuestionó la actuación del Gobierno de UPN en esta ley en la pasada legislatura, recordó que la norma se aprobó por mayoría absoluta y eso es algo que “se debe respetar”.

Por su parte Adolfo Araiz (EH Bildu) defendió que la ejecución de los trabajos previos se haga cuanto antes y abogó por adelantar el plazo previsto por el Gobierno, que se situaba en el 1 de abril de 2017. Además, expresó sus dudas sobre la aplicación de la retroactividad.

Eduardo Santos (Podemos), quien dijo que “se ha maltratado a la Policía Foral”, puso en valor que ahora se plantea un modelo “más justo”, que requiere trámites “pensados de manera sensata”, pero a su vez insistió en que eso no se puede prolongar en el tiempo, de ahí su propuesta de “un menor aplazamiento” y su defensa de la retroactividad.

Marisa De Simón (I-E) apoyó la ley y reconoció que no hay tiempo material para hacer los estudios preceptivos en un plazo menor.

Inmaculada Jurío (PSN) manifestó que con esta modificación se pretende “no cumplir el mandato parlamentario” y justificó su voto en contra del primer punto, porque quieren que sea efectivo el 1 de enero de 2016.

“Aprobaron la ley pensando que no iban a tener que aplicarla”, dijo el portavoz de UPN Sergio Sayas, quien calificó de “bazofia” este texto, que, a su juicio, debería derogarse. Los argumentos de UPN fueron compartidos por Ana Beltrán (PPN), quien consideró “injusta e insolidaria” esta ley y acusó al Gobierno de no haber hecho “sus deberes”.

El sindicato ELA celebró la modificación legal aprobada por el Parlamento, con la que “se camina hacia el fin de los privilegios salariales y corporativos de una pequeña parte” de la Policía Foral. Asimismo, valora que los grupos del cambio “hacen posible un nuevo horizonte de modelo policial, resultado de la lucha sindical que ELA ha sostenido desde hace varios años”.

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