Los nuevos sueldos de la Policía Foral, establecidos por la modificación de la Ley de Policías que aprobó el Parlamento al final de la pasada legislatura, no entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, a pesar de que el cambio normativo así lo fijó.

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, anunció este jueves 12 de noviembre una modificación legislativa para ampliar la entrada en vigor de algunas de las medidas de la ley policial, entre las que citó el nuevo régimen retributivo y de horarios en el Cuerpo autonómico. Para justificarlo, Barkos señaló que "tal adaptación debe hacerse en todas las policías de Navarra" y aseguró que buscan dar "seguridad jurídica" a la norma. Las palabras de la presidenta no gustaron a la socialista Inmaculada Jurío, quien avisó de que, si los nuevos sueldos de Policía Foral no se estrenan desde el 1 de enero, "se incumplirá la ley".

La modificación de la Ley de Policías de Navarra salió adelante al final de la pasada legislatura, aunque sólo con 25 de los 50 votos totales de la Cámara, los que sumaron PSN, Bildu, Aralar e I-E. UPN y PP se opusieron y Geroa Bai se abstuvo. También se manifestaron en contra los altos cargos de la Policía Foral, los jefes de 16 Cuerpos de Policía Municipal y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. La iniciativa, obra del PSN junto a los sindicatos UGT, CC OO, ELA y AFAPNA, conduce a los policías de Navarra a la jornada funcionarial del régimen general, eliminando la jornada flexible y el cómputo de días. Este nuevo sistema conlleva la readaptación de los complementos de puestos de trabajo que en la Policía Foral, según tablas manejadas por el propio PSN y los sindicatos, va a suponer que unos 265 agentes verán reducido su salario entre 2.136 y 7.396 euros al año, para subírselo a otros cerca de 800 agentes de 199 a 1.595 euros. Todo, según áreas y categorías. La modificación legislativa entró en vigor al día después de publicarse en el BON, a excepción de lo relativo al régimen retributivo y al de jornadas, que se aplazaron a 2016 para sortear la amenaza de inconstitucionalidad que supondría aumentar el gasto en personal público en 2015.